Cerdán ha explicado que esta fórmula de pago obliga a los ayuntamientos a adelantar con fondos propios un servicio que es competencia autonómica y a asumir, además, costes financieros en forma de intereses, una situación que ha calificado de “deslealtad institucional”. En este sentido, ha anunciado que el Ayuntamiento de Villena ha activado a sus servicios jurídicos para reclamar a la Generalitat los intereses de demora correspondientes a 2025 y estudiar su extensión al ejercicio 2024, cuando el ingreso se produjo a mitad de año pese a que posteriormente se aplicaron intereses en las liquidaciones.

El alcalde ha subrayado que esta problemática afecta a municipios de distinto signo político y tamaño, y ha advertido de que, aunque Villena dispone de unas cuentas saneadas, otros ayuntamientos con menor capacidad financiera pueden verse obligados a reducir servicios o personal. En el caso de Villena, la plantilla de Servicios Sociales ha pasado de 11 profesionales en 2021 a 20 en la actualidad, con la previsión de incorporar tres nuevos puestos, lo que supone un adelanto municipal cercano a 1,3 millones de euros anuales.

Por su parte, Silvia Gómez ha afirmado que el uso del confirming y el retraso en los pagos “está generando una situación de asfixia financiera en los ayuntamientos” y ha alertado de que este modelo puede favorecer la externalización de los servicios sociales municipales. La diputada ha defendido el contrato programa como herramienta para garantizar la prestación pública de estos servicios y ha criticado las modificaciones normativas introducidas por el actual Consell, que, a su juicio, debilitan el sistema público.

La diputada Charo Navalón ha anunciado que el Grupo Socialista del Alto y Medio Vinalopó iniciará una ronda de reuniones con responsables municipales para realizar un diagnóstico conjunto del impacto del Contrato Programa en las finanzas locales. Según ha indicado, las cantidades pendientes en la comarca ascienden a varios millones de euros, citando casos como Elda, Petrer y Villena. Tras estos encuentros, ha avanzado la presentación de una iniciativa parlamentaria en Les Corts para exigir un sistema de financiación que garantice la continuidad de los servicios sociales municipales sin obligar a los ayuntamientos a adelantar fondos ni asumir intereses.

Desde el Ayuntamiento de Villena se insiste en que el retraso en los pagos compromete la sostenibilidad de unos servicios dirigidos a las personas más vulnerables, y se reclama a la Generalitat un cambio en el modelo de financiación del Contrato Programa que asegure su cumplimiento en tiempo y forma.