Dos informes contradictorios: 700.000 euros frente a 20.000

Según ha detallado Martínez, tras destapar la estructura durante las demoliciones, se comprobó que las catas previas no eran representativas, por lo que se encargó un estudio exhaustivo del estado de las vigas. Ese informe técnico ha dado lugar a dos interpretaciones opuestas:

– La empresa contratista sostiene que el proyecto debe modificarse de forma sustancial y que para garantizar la seguridad estructural sería necesario incrementar el presupuesto un 57%, lo que supondría unos 700.000 euros adicionales.

– La dirección de obra, autora del proyecto original, rechaza esa visión y afirma que el refuerzo necesario es mínimo, cifrándolo en torno a 20.000 euros.

El edil recalca que la obra se ejecuta íntegramente con agentes externos —tanto la empresa constructora como la dirección facultativa—, por lo que ahora corresponde al Ayuntamiento actuar como árbitro y determinar “quién se ajusta más a la realidad técnica”.

Una decisión inminente para evitar retrasos mayores

Martínez adelantó que el Ayuntamiento ya ha requerido documentación ampliada a la dirección de obra, que dispone ahora de 15 días para justificar su propuesta tras revisar la alternativa planteada por la constructora. Una vez analizados ambos informes, Urbanismo deberá resolver qué solución técnica es la válida y, en consecuencia, si procede continuar con la empresa actual, modificar el proyecto o incluso iniciar un nuevo proceso contractual en caso de que alguna de las partes incurra en incumplimientos.

“Estamos ante un edificio con varios siglos de historia y una catalogación BIC. La prioridad es garantizar una intervención segura y respetuosa. Unos meses más o menos no son relevantes frente a la responsabilidad de hacer las cosas bien”, ha afirmado el concejal.

Posibles escenarios

Martínez ha planteado varios caminos posibles tras la resolución técnica:

– Aceptar la propuesta de la dirección de obra y continuar la obra en los términos actuales.

– Aceptar la tesis de la empresa, lo que obligaría a replantear el proyecto o buscar una nueva constructora.

– Resolver ambos contratos si se determina incumplimiento de obligaciones.

– Un escenario intermedio: que el Ayuntamiento deba fijar una solución técnica alternativa con un coste también intermedio.

En todos los casos, subrayó, habrá consecuencias contractuales si alguna de las partes decide abandonar la obra o incumplir lo establecido en el pliego.

El plazo se alarga “bastante”

Aunque el modificado anterior ya situaba el final de obra en mayo de 2026, esta nueva situación obligará a ampliar los plazos. Martínez destacó que “el retraso inicial estaba justificado”, ya que era imprescindible detener la intervención al destapar las vigas y constatar que las catas previas no representaban la realidad del edificio.