El conflicto se remonta a septiembre de 2024, cuando una huelga anterior fue desconvocada tras el compromiso del Ayuntamiento de garantizar por escrito las condiciones laborales existentes antes del cambio a un modelo de gestión privada. Sin embargo, desde el Comité denuncian que ese compromiso no se ha cumplido y que, tras meses de reuniones, todas sus propuestas han sido rechazadas, incluida una última oferta de mínimos que solo busca consolidar derechos ya reconocidos, sin solicitar mejoras económicas.

“Prometieron negociar con honestidad y lo único que han hecho es ganar tiempo”, afirma el Comité, que considera que se ha utilizado la buena voluntad de la plantilla para aparentar una voluntad negociadora inexistente.

La situación se ha visto agravada con la convocatoria de un pleno extraordinario el próximo 16 de julio para aprobar los pliegos de licitación del servicio. Para los representantes sindicales, esta medida supone un nuevo “quebrantamiento de la buena fe” y deja a la plantilla sin más alternativa que la huelga.

Reivindicaciones del Comité de Huelga

El Comité insiste en que las demandas de la plantilla no buscan ningún tipo de subida salarial, sino la consolidación de los derechos actuales, entre los que destacan:

– Actualización de salarios y jornada: Aplicar el precio/hora real y regular la jornada máxima anual.

– Mejoras en permisos y conciliación: Adaptar los permisos a la nueva normativa e incorporar avances ya aplicados.

– Protección en caso de baja laboral: Mantener el 100% del salario en situaciones de incapacidad temporal por accidente o enfermedad profesional.

– Condiciones económicas complementarias: Consolidación de pagas y pluses por festivos y regulación de las horas extraordinarias.

Desde el Comité de Huelga se advierte además del temor existente ante una posible “limpieza de personal” con la entrada de la nueva empresa, lo que genera una gran incertidumbre entre las 39 familias afectadas.

Asimismo, los trabajadores subrayan que los problemas de funcionamiento del servicio no se deben al personal, sino a la falta de recursos humanos e inversión desde su municipalización en 2017, algo que el gobierno local no ha resuelto a pesar de las reiteradas demandas sindicales.

“Este gobierno, que se dice progresista, ha actuado sin sensibilidad social”, denuncian. “Nuestra única exigencia es la consolidación de derechos ya adquiridos. No vamos a permitir que se mercadee con ellos”. El Comité concluye que no pondrán fin a la huelga mientras no haya “una solución real y formalizada” sobre la mesa.