La presentación de la solicitud no implica todavía que la comparecencia haya sido aceptada ni que exista una fecha para su celebración.

El PP señala una reducción presupuestaria del 70 %

Pastor afirma que los presupuestos municipales recogen una reducción de la partida denominada Seguridad y Vigilancia del Museo, que habría pasado de 10.000 euros en 2025 a 3.000 euros en 2026.

El dirigente popular considera que el alcalde debe explicar el motivo de esta disminución y aclarar si tuvo alguna consecuencia sobre la protección del museo.

El Ayuntamiento mantiene una interpretación diferente. Cerdán ha señalado que la inversión más importante se realizó durante la puesta en marcha del nuevo MUVI y que, una vez instalados los sistemas, los gastos posteriores correspondían principalmente al mantenimiento y a mejoras progresivas.

La comparación entre ambas anualidades deberá precisar qué conceptos estaban incluidos en esa partida y si refleja la totalidad del gasto municipal destinado a la seguridad del museo.

Contratos, vitrinas y dispositivos

El Grupo Popular reclama información sobre los sistemas que estaban instalados y operativos durante el robo. Entre otros aspectos, quiere conocer las características recogidas en el contrato de protección de las vitrinas, qué cámaras, alarmas y dispositivos fueron adquiridos, cuándo se instalaron y cuáles funcionaban aquella noche.

Pastor sostiene que, al tratarse de un museo de titularidad y gestión municipal, corresponde al Ayuntamiento garantizar las medidas técnicas y el personal de vigilancia.

El Gobierno local y la dirección del MUVI defienden que las instalaciones contaban con seguridad de grado 3 y que habían superado las auditorías previas. También aseguran que las cinco alarmas, los sensores y las cámaras se activaron durante el asalto.

La concejala de Cultura, María Server, ha reconocido que las medidas y mejoras incorporadas siguiendo las recomendaciones de la empresa de seguridad no fueron suficientes para impedir un ataque ejecutado con herramientas contundentes de gran tamaño.

Debate sobre las competencias

El PPCV sitúa la responsabilidad directa sobre la vigilancia del edificio en el Ayuntamiento. El Gobierno municipal subraya, por su parte, que el Tesoro está declarado Bien de Interés Cultural y que la Generalitat autorizó tanto el proyecto de musealización como el traslado de las piezas al nuevo museo.

La Dirección General de Patrimonio Cultural ha requerido al Consistorio que, en diez días hábiles, entregue la documentación relacionada con el robo, el inventario de piezas sustraídas y restantes, las auditorías de 2025 y 2026 y las acreditaciones técnicas de la cámara acorazada.

Paralelamente, el Pleno municipal ha aprobado por unanimidad una comisión especial de investigación para reconstruir la cadena de decisiones políticas, técnicas y presupuestarias anteriores al asalto.

Explicaciones en Les Corts

Nando Pastor considera que la comisión municipal no impide que el alcalde también informe ante el Parlamento valenciano. El GPP justifica su petición por la relevancia del Tesoro para el patrimonio de la Comunitat Valenciana y de Europa.

El portavoz popular plantea que el robo debe servir para revisar la seguridad de otros bienes especialmente valiosos, entre los que cita la Dama de Elche, la Real Senyera y el Santo Cáliz.

La comparecencia solicitada se desarrollaría mientras continúa la investigación de la Guardia Civil. Por el momento, no se han comunicado oficialmente detenciones ni la recuperación de las piezas sustraídas.