Miguel Ángel Salguero, Georgina Soriano y María José Hernández, representantes del PP en la comisión, han comparecido para explicar las principales líneas que pretenden abordar durante las sesiones previstas para los días 7, 14 y 21 de octubre.

El PP considera necesario reconstruir el proceso de toma de decisiones anterior al asalto y determinar qué actuaciones se realizaron después de recibir los diferentes informes de seguridad. También quiere conocer si el museo solicitó inversiones que finalmente no fueron incluidas en los presupuestos municipales.

Salguero ha insistido en que este trabajo debe mantenerse separado de las investigaciones policiales y judiciales. La comisión municipal no pretende identificar a los autores del robo, sino analizar las decisiones políticas, técnicas y presupuestarias adoptadas durante la apertura y funcionamiento del MUVI.

El PP afirma que el informe sí era conocido

María José Hernández ha mostrado varios correos electrónicos que, según ha explicado, demostrarían que el Gobierno municipal conocía las recomendaciones realizadas tras una inspección policial.

De acuerdo con la versión ofrecida por el PP, la directora del MUVI solicitó una supervisión de las instalaciones debido al valor de las piezas expuestas. Tras una visita en la que participaron especialistas en seguridad privada, se elaboraron unas consideraciones preliminares que la dirección del museo resumió y remitió al técnico de mantenimiento y a la concejala de Cultura.

Posteriormente se habría recibido un informe firmado, fechado el 3 de julio de 2024 y dirigido tanto a la dirección del museo como al alcalde.

Entre las recomendaciones que el PP atribuye al documento figuraban la instalación de protecciones físicas en los ventanales exteriores, la contratación de vigilancia permanente, el refuerzo de determinadas puertas y la posibilidad de visualizar las cámaras del museo desde las dependencias de la Policía Local.

Los populares rechazan que la falta de incorporación formal del documento a un expediente reste importancia a su contenido. Consideran que los correos demuestran que responsables municipales conocían las recomendaciones, aunque la comisión deberá aclarar quién recibió exactamente cada comunicación, qué traslado se le dio y qué medidas se adoptaron.

El Gobierno municipal mantiene que aquel documento recogía recomendaciones, no obligaciones, y que varias de ellas fueron implantadas, como los sensores sísmicos, los pulsadores de alarma, los monitores de vigilancia, una segunda línea de comunicación y los protocolos de custodia de llaves.

El Ayuntamiento señala además que las alarmas y las cámaras funcionaron durante el robo. La principal medida que no se aplicó fue la vigilancia presencial durante las 24 horas, cuyo coste anual se ha estimado en cerca de 300.000 euros.

Dudas sobre la exposición de los originales

El PP quiere conocer por qué se decidió continuar exponiendo el Tesoro original después de recibir aquellas recomendaciones. También plantea si el proyecto inicial de musealización estaba diseñado para albergar reproducciones y si se realizó posteriormente alguna modificación para adaptarlo a las piezas auténticas.

Salguero ha señalado que existen otros documentos que, según su grupo, insistían en la necesidad de una protección exclusiva para la zona del Tesoro y de vigilancia permanente. Estas afirmaciones deberán comprobarse mediante los expedientes solicitados y las comparecencias.

Los populares preguntarán también qué peticiones de seguridad trasladó la dirección del museo al equipo de gobierno, si llegaron a solicitarse presupuestos para ejecutar las mejoras y qué decisiones se adoptaron desde las concejalías de Cultura, Seguridad, Hacienda y Obras.

El PP cuestiona las ayudas solicitadas a la Generalitat

Otro de los puntos de confrontación se refiere a la financiación autonómica. El Gobierno local ha asegurado que pidió ayuda a la Generalitat para reforzar la seguridad del museo y afrontar el coste de una vigilancia permanente.

El PP sostiene, sin embargo, que las enmiendas socialistas a los presupuestos autonómicos estaban destinadas a la dinamización del MUVI, el desarrollo de proyectos, las actividades didácticas y la difusión, pero no mencionaban expresamente mejoras de seguridad.

Según Salguero, el portavoz socialista reconoció durante el último pleno que se había realizado una petición genérica y que no existía una partida solicitada específicamente para vigilancia o protección.

Los populares consideran que esta cuestión debe aclararse documentalmente para determinar si se reclamaron fondos destinados de forma concreta a la seguridad o si las peticiones se limitaban a la actividad cultural del museo.

Reclaman que las sesiones se retransmitan

Georgina Soriano ha cuestionado la decisión de no retransmitir inicialmente las comparecencias de la comisión. El PP considera que los ciudadanos deberían poder escuchar directamente las preguntas y respuestas, especialmente porque buena parte de las personas convocadas son responsables políticos.

El Ayuntamiento defiende que la ausencia de cámaras puede facilitar la asistencia de técnicos y comparecientes que no están obligados a acudir y evitar que se sientan expuestos públicamente. Como alternativa, se ha acordado realizar una transcripción literal de las sesiones.

El PP también ha mostrado su extrañeza porque los responsables municipales comparecerán durante la última jornada, después de escuchar al resto de los convocados. Desde el grupo popular consideran que la comisión debe permitir establecer qué información recibió cada responsable y cómo se repartieron las decisiones.

Los populares han solicitado las comparecencias del alcalde, la concejala de Cultura y los responsables municipales de Seguridad, Hacienda y Obras, además de la dirección del museo, técnicos, representantes de las empresas implicadas y responsables autonómicos.

El PP afirma que continuará solicitando documentos para determinar qué recomendaciones se aplicaron, cuáles quedaron pendientes y si existieron responsabilidades políticas o técnicas. Estas cuestiones constituyen, por ahora, la posición y las acusaciones formuladas por el grupo popular y deberán ser contrastadas durante los trabajos de la comisión.