Salguero ha señalado que “las sentencias y la atribución de delitos corresponden exclusivamente a los jueces y no a los políticos”, y ha reprochado al edil socialista que, a su juicio, haya intentado “condenar públicamente sin respetar la presunción de inocencia”. En este sentido, ha defendido que cualquier posible responsabilidad penal debe dirimirse en sede judicial y no mediante declaraciones políticas.

El portavoz popular ha recordado que la edil Mª José Hernández ya ofreció explicaciones públicas sobre el proceso y aseguró que no se ordenó ocultar ni destruir restos arqueológicos, que la oposición fue informada en su momento y que las decisiones técnicas relativas a la edificación y la cimentación correspondieron a los arquitectos redactores del proyecto. Asimismo, ha afirmado que el expediente fue fiscalizado y que el Partido Socialista tuvo acceso a la documentación cuando ostentó la Concejalía de Cultura entre 2011 y 2015, siendo responsable de su remisión a la Conselleria.

Salguero ha acusado al equipo de gobierno de utilizar un asunto de hace quince años como “estrategia para desviar la atención” de los problemas actuales de la ciudad. Entre ellos, ha citado los retrasos en obras municipales, la demora en la concesión de licencias urbanísticas, la gestión de proyectos educativos y deportivos, o la paralización de actuaciones como el Palacio Consistorial. “Están más preocupados por el pasado que por el presente y el futuro de Villena”, ha afirmado.

En este contexto, el portavoz popular ha pedido que, si se considera que existen indicios de delito, la denuncia se presente “a título personal o con recursos propios” y no con fondos municipales, reiterando que será la Justicia la que determine los hechos y posibles responsabilidades.

Las declaraciones del PP llegan después de que Javier Martínez anunciara que el equipo de gobierno estudia acudir a la vía judicial al considerar que las obras del Centro de Mayores se realizaron sin la preceptiva autorización de la Conselleria de Cultura, al tratarse de un inmueble ubicado en un entorno protegido como Bien de Interés Cultural. Desde el gobierno local se sostiene que la documentación aportada por la edil popular no acredita la existencia de una autorización expresa para la modificación del proyecto que incorporó un sótano, mientras que el PP insiste en que el procedimiento se ajustó a la legalidad y que el caso ya fue conocido por las administraciones competentes.