Hernández ha recordado que hace apenas dos semanas el equipo de gobierno aprobó, a propuesta del concejal de Urbanismo y Contratación, Javier Martínez, la suspensión del contrato con la dirección facultativa de la obra, el nombramiento de la arquitecta municipal como nueva responsable de la dirección y el encargo de la redacción del modificado número 2 del proyecto también a la técnica municipal.

Según explicó la edil popular, aquella decisión se justificó por el deterioro que está sufriendo el edificio tras permanecer ocho años cerrado y por las discrepancias existentes entre la dirección facultativa y la empresa adjudicataria de las obras.

En este sentido, Hernández insistió en que el edificio continúa sufriendo daños importantes debido a las catas realizadas y a la falta de estanqueidad, una situación que, aseguró, ya ha provocado filtraciones de agua y desperfectos en parte de los frescos del techo del salón de plenos.

Sin embargo, apenas dos semanas después de aquel acuerdo, la Junta de Gobierno Local ha dejado sin efecto parte de las decisiones adoptadas. Según explicó la concejala, el Ayuntamiento ha decidido finalmente no resolver el contrato con la dirección facultativa tras recibir un informe del Consell Jurídic Consultiu que considera que no procede dicha resolución.

Además, la arquitecta municipal presentó un recurso de reposición contra el acuerdo por el que se le encargaba la dirección facultativa y la redacción del modificado número 2, alegando la complejidad técnica de la obra y la carga de trabajo existente en el departamento de Urbanismo.

Para el Partido Popular, esta situación evidencia “la falta de coordinación y la mala gestión” del área municipal de Urbanismo. “No entendemos cómo el concejal propone a una arquitecta de su propio departamento para asumir esta responsabilidad sin haber hablado previamente con ella y obligándola después a presentar un recurso”, señaló Hernández.

La edil popular también cuestionó los plazos fijados por el Ayuntamiento para la redacción del nuevo modificado del proyecto. Mientras el acuerdo municipal otorgaba a la dirección facultativa un plazo “improrrogable” de diez días hábiles para presentar el documento, la propia dirección facultativa ha comunicado que necesita tres meses para redactarlo.

“Es imposible entender esa diferencia de criterios cuando tanto la dirección facultativa como la arquitecta municipal coinciden en que se trata de una intervención compleja que requiere un equipo multidisciplinar especializado en patrimonio”, afirmó.

Desde el Partido Popular consideran que la situación refleja un “despropósito” en la gestión de la rehabilitación del Palacio Consistorial, con retrasos continuos, incremento de costes y acuerdos que “se anuncian pero luego no se cumplen”.

Hernández aseguró además que el Ayuntamiento “ha vuelto a la casilla de salida” en el conflicto existente entre la dirección facultativa y la empresa adjudicataria de las obras y defendió que, si no se alcanza una solución, el consistorio debería rescindir definitivamente el contrato.