El portavoz popular ha subrayado que esta demora de casi dos años provocó un perjuicio económico directo a los solicitantes, ya que el encarecimiento de los materiales durante ese tiempo supuso un sobrecoste superior a los 20.000 euros en el proyecto de construcción de una vivienda, motivo por el cual el Ayuntamiento ha sido condenado.

Salguero ha puesto el foco en la contradicción entre esta sentencia y las declaraciones realizadas en abril de 2022 por el entonces concejal de Urbanismo —cargo que vuelve a ostentar actualmente—, quien aseguró públicamente haber superado el atasco en la concesión de licencias de obra y afirmó que, a partir de ese momento, el trabajo administrativo “fluiría con soltura”. Sin embargo, la licencia objeto de la sentencia fue solicitada meses después, en agosto de 2022, y permaneció sin movimiento administrativo durante casi dos años.

Desde el Partido Popular consideran que este caso no es un hecho aislado, sino un problema estructural en el funcionamiento del Ayuntamiento. “No se trata de una cuestión coyuntural, sino de una forma de gestionar que genera perjuicios graves a vecinos, empresas y asociaciones que necesitan licencias para desarrollar proyectos vitales, iniciar negocios o ampliar actividades”, ha señalado Salguero, recordando que el propio equipo de gobierno ha reconocido recientemente que el plazo medio para la concesión de licencias supera los 20 meses.

El portavoz popular ha recordado además que en octubre del año pasado su grupo presentó una moción en el pleno municipal solicitando un plan de choque para desbloquear la tramitación de licencias de obra y poner al día los expedientes acumulados durante años. Dicha propuesta fue rechazada por el equipo de gobierno.

Finalmente, Salguero ha lamentado que, a su juicio, el Ayuntamiento siga sin reconocer la existencia del problema. “Si no se reconoce una situación que afecta a toda la ciudad, difícilmente se puede poner solución a un problema que, según el gobierno municipal, no existe”, ha concluido.