Según los populares, el presupuesto de este año contempla unos 7 millones de euros por este concepto, dentro de un total de 36 millones. “¿Qué pasará cuando se agoten las licencias de plantas fotovoltaicas?”, se preguntan, al considerar que el Ayuntamiento no tendrá margen para cubrir el gasto corriente, que representa cerca del 80% del presupuesto y que incluye personal, contratos, suministros y servicios básicos.

El PP recuerda que los ejercicios 2023 y 2024 ya se cerraron con déficit —de 5 y 2 millones de euros respectivamente— debido, en parte, a que se presupuestaron ingresos por licencias que finalmente no llegaron a materializarse. A pesar de ello, se mantuvo un nivel de gasto que ha derivado en desequilibrios financieros.

Además, denuncian que el actual equipo de gobierno —formado por PSOE y Los Verdes— presenta como un logro haber cubierto el déficit de 2024 con esos ingresos, cuando, según el PP, es una muestra clara de una falta de planificación presupuestaria. También rechazan que se trate de un “problema de tesorería”, como ha señalado el concejal de Hacienda, Juan José Olivares, y afirman que el verdadero problema es de gestión.

El Plan Económico Financiero, subrayan, no es “papel mojado”, sino un documento que deberá ser supervisado por la Intervención Municipal y cuyo cumplimiento solo se confirmará una vez liquidado el presupuesto de 2025. En ese mismo plan, según el PP, se advierte también del incumplimiento del plazo legal de pago a proveedores, que supera los 60 días cuando el límite legal es de 30. Un hecho que, según Intervención, se debe más a decisiones políticas que a problemas técnicos.

Por todo ello, desde el Partido Popular insisten en la necesidad de diseñar un modelo económico “serio y responsable”, basado en ingresos estables y la eficiencia del gasto, que permita garantizar el equilibrio financiero, atraer inversiones y evitar en el futuro recortes o subidas de impuestos.