En su intervención, ha afirmado que la partida destinada a esta materia se había reducido un 70 %, una cifra que también recoge la nota difundida por el Grupo Popular en Les Corts. El alcalde de Villena, Fulgencio Cerdán, ha rechazado esta interpretación y sostiene que la inversión más importante se concentró durante la puesta en marcha del nuevo museo, mientras que posteriormente se mantuvieron los gastos de mantenimiento y las mejoras progresivas.

El presidente autonómico ha pedido al Gobierno local que no entre en una “guerra de relatos” y que cada administración asuma las competencias que le corresponden.

El PP pide explicaciones al Ministerio

La diputada del Grupo Popular en Les Corts Carmen Martínez ha acusado al Gobierno central de intentar eludir su responsabilidad y ha reclamado al Ministerio de Cultura que aclare qué información tenía sobre los robos de piezas de oro, cuándo la recibió y por qué no trasladó antes una alerta oficial a la Comunitat Valenciana.

Martínez considera especialmente relevante la cronología de los asaltos registrados durante los últimos meses. El 25 de abril fueron sustraídas 144 monedas de oro del Museo Arqueológico Provincial de Badajoz y el 28 de julio otras 220 monedas del Museo Provincial de Albacete.

Según la diputada popular, después de estos dos robos la Generalitat no recibió ninguna alerta oficial del Ministerio de Cultura sobre la existencia de una amenaza específica para los museos que custodiaban piezas de oro.

El Ministerio solicitó el 11 de agosto a las comunidades autónomas información sobre los centros que conservaban cantidades significativas de oro, plata, piedras preciosas u otros materiales valiosos. La petición, realizada a instancias de la Brigada de Patrimonio Histórico de la Policía Nacional, fue reiterada el 24 de agosto a las comunidades que todavía no habían contestado.

Martínez sostiene que aquella comunicación solicitaba la información con rapidez, pero no explicaba suficientemente el motivo ni trasladaba una alerta concreta sobre el riesgo existente.

El robo del Tesoro de Villena se produjo el 27 de agosto y el documento de Europol sobre la transformación de los asaltos a museos fue enviado oficialmente a las comunidades al día siguiente.

La diputada pregunta qué actuaciones desarrolló el Ministerio entre los robos de Badajoz y Albacete y el asalto de Villena, así como por qué no se activaron antes otros mecanismos preventivos.

Titularidad municipal frente a protección del BIC

Carmen Martínez sostiene que el MUVI es de titularidad y gestión municipal y que corresponde al Ayuntamiento acreditar qué medidas de seguridad fueron contratadas y cuáles se instalaron finalmente. La diputada rechaza que exista una cadena administrativa que permita trasladar a la Generalitat la responsabilidad directa sobre la vigilancia del edificio.

El Gobierno municipal mantiene una interpretación diferente. El alcalde defiende que, aunque el museo sea municipal, el Tesoro está declarado Bien de Interés Cultural y la Generalitat tiene competencias de tutela sobre las piezas. El Ayuntamiento recuerda que la Conselleria autorizó el proyecto de musealización y el traslado del conjunto al nuevo museo.

Esta diferencia será una de las cuestiones que deberá analizar la comisión de investigación aprobada por el Pleno. El Ayuntamiento ha encargado también a la Secretaría municipal un informe para delimitar las competencias locales, autonómicas y estatales en la seguridad, conservación y custodia del Tesoro.

El PP pide revisar contratos y certificaciones

La diputada popular ha reclamado que se conozcan las especificaciones incluidas en los contratos de las vitrinas, la cámara acorazada, las alarmas y los restantes dispositivos de protección. Carmen Martínez considera que no basta con afirmar que el museo tenía vitrinas de seguridad, cámaras y alarmas, sino que debe comprobarse documentalmente qué elementos fueron contratados, cuáles se instalaron y qué certificaciones tenía cada uno.

También ha pedido explicaciones por la ausencia de vigilancia presencial nocturna y por la supuesta reducción presupuestaria del 70 %.

El Ayuntamiento y la dirección del MUVI defienden que las instalaciones tenían seguridad de grado 3, habían superado las auditorías correspondientes e incorporaban medidas adicionales. Las alarmas, los sensores y las cámaras funcionaron durante el asalto, aunque las protecciones no consiguieron impedir que los autores accedieran a la cámara del Tesoro.

Versiones enfrentadas

La confrontación política se centra ahora en tres cuestiones: quién tenía la responsabilidad última sobre la seguridad del Tesoro, si las medidas instaladas eran suficientes y cómo circularon las comunicaciones preventivas antes del robo.

El PPCV pone el foco en la titularidad municipal del museo, en la ausencia de vigilancia presencial y en el presupuesto destinado a seguridad. El Ayuntamiento subraya que el Tesoro es un BIC tutelado por la Generalitat y que el traslado solo pudo realizarse después de recibir la autorización autonómica.

Por su parte, el Ministerio de Cultura asegura que comenzó a recabar información sobre los museos con piezas de metales preciosos el 11 de agosto. El informe de Europol era público desde el día 24, pero no se trató con las comunidades autónomas hasta la reunión celebrada el 28, después del robo.

La comisión municipal deberá acceder ahora a los contratos, auditorías, certificaciones y autorizaciones para reconstruir la cadena de decisiones y determinar si existieron responsabilidades políticas o técnicas. Este trabajo no interferirá en la investigación de la Guardia Civil, que continúa sin detenciones ni piezas recuperadas oficialmente.