La comunicación oficial del consistorio, encabezada por el concejal de Urbanismo Javier Martínez, atribuye al trabajo técnico y político del Ayuntamiento la paralización del proyecto. Pero los hechos muestran que el consistorio no ha intervenido activamente en la renuncia ni en el freno del expediente, más allá de su tramitación administrativa ordinaria.

De hecho, el mismo edil extendió este supuesto logro a la planta proyectada en Peña Rubia, pese a que, según los propios vecinos, el proceso se frenó por causas ajenas a la gestión municipal. No es la primera vez que se produce una situación similar. En abril de 2023, Martínez anunció con entusiasmo la “caída” de tres proyectos —Frutasol, Villasol y Atalaya Solar—, argumentando que habían caducado los derechos de conexión por la “presión administrativa” del Ayuntamiento. Sin embargo, esas tres plantas siguen adelante y se encuentran actualmente en obras, como podrá comprobarse durante la visita organizada por la Asociación Salvatierra el próximo 8 de noviembre.

Contradicciones con la política de territorio

La polémica se acentúa si se compara el discurso institucional con las actuaciones recientes. Mientras se celebra la renuncia en Tendetes, la Junta de Gobierno Local ha aprobado la licencia urbanística para una nueva planta fotovoltaica de 49,9 MW en el paraje de El Puerto, junto a Sierra Salinas, promovida por la empresa PV XVIII Witerico S.L..

El proyecto, valorado en más de 19 millones de euros, incluye una línea de evacuación subterránea hasta la subestación Colectora Valle 30/132 kV y supondrá el ingreso de 384.147 euros para el Ayuntamiento en concepto de canon por aprovechamiento en suelo no urbanizable.

Esta aprobación contrasta con el discurso de defensa del paisaje y la sostenibilidad. En la misma zona ya existen hasta ocho plantas solares en tramitación o construcción, lo que evidencia una expansión acelerada de instalaciones industriales en un entorno agrícola y natural de alto valor ambiental.

Una planificación pendiente

Diversas voces señalan que la modificación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) habría sido la herramienta clave para evitar esta situación, delimitando usos del suelo y protegiendo áreas sensibles del municipio. No obstante, esa revisión —prometida desde hace años— sigue sin aprobarse, dejando el territorio expuesto a la implantación masiva de proyectos energéticos privados.

El verdadero debate, afirman desde Salvatierra, no es si Villena debe apostar por las energías renovables —algo indiscutible—, sino cómo hacerlo: con planificación, control ambiental y coherencia entre el discurso y la acción.