La iniciativa pretende que las responsables autonómicas de Cultura expliquen qué medidas de seguridad fueron autorizadas en el MUVI, qué requisitos técnicos se exigieron para trasladar y exponer las piezas originales y qué modificaciones estudia ahora el Gobierno valenciano.

Chulvi recuerda que el Tesoro de Villena está declarado Bien de Interés Cultural y que el MUVI forma parte del Sistema Valenciano de Museos. A juicio del diputado socialista, estas circunstancias justifican que la Generalitat ofrezca explicaciones sobre su intervención en la tutela y protección del conjunto arqueológico.

Revisión de normas y protocolos

El PSPV considera que el asalto debe servir para revisar los procedimientos de seguridad aplicados en los museos valencianos y determinar si necesitan adaptarse a las nuevas formas de actuación de los grupos especializados. “Se trata de analizar lo sufrido en Villena y, posteriormente, avanzar en la mejora de la norma, de las medidas técnicas y de los protocolos para la protección de nuestro patrimonio”, ha señalado Chulvi.

El portavoz socialista sostiene que los mecanismos actuales han demostrado ser “obsoletos y no suficientes” ante asaltos rápidos y violentos como el registrado en Villena.

Los autores accedieron al MUVI provistos de herramientas contundentes de gran tamaño, entre ellas arietes y mazas de cinco kilos. Aunque las alarmas y las cámaras funcionaron, consiguieron superar los accesos y perforar los vidrios de seguridad que protegían la cámara del Tesoro.

Para Chulvi, el objetivo de las comparecencias debe ser esclarecer lo sucedido y extraer conclusiones que permitan reforzar la protección tanto del patrimonio villenense como de las colecciones conservadas en otros museos de la Comunitat Valenciana.

Debate sobre las competencias

La petición del PSPV se produce en medio del enfrentamiento entre administraciones sobre quién tenía la responsabilidad última de garantizar la seguridad del Tesoro.

El Ayuntamiento sostiene que la Generalitat tiene competencias de tutela sobre las piezas por su condición de BIC y recuerda que la Conselleria autorizó el proyecto de musealización y su traslado al nuevo museo.

El Gobierno valenciano defiende, por su parte, que el MUVI es de titularidad y gestión municipal y atribuye al Ayuntamiento la responsabilidad directa sobre la vigilancia del edificio y la implantación de las medidas de seguridad.

La Dirección General de Patrimonio Cultural ha requerido al Consistorio que entregue, en un plazo de diez días hábiles, los informes sobre el robo, el inventario de las piezas sustraídas y restantes, las auditorías de 2025 y 2026 y las acreditaciones técnicas de la vitrina y la cámara acorazada.

Chulvi sostiene que la responsabilidad técnica sobre las autorizaciones y la supervisión de las medidas de protección corresponde a la Generalitat. Esta interpretación deberá contrastarse con los expedientes y con la distribución legal de competencias entre las administraciones.

Críticas al Partido Popular

El comunicado socialista incorpora también críticas al portavoz del Grupo Popular en Les Corts, Nando Pastor, al que Chulvi acusa de intentar obtener un “beneficio político” del robo.

El diputado del PSPV considera que Pastor puso en duda la seguridad del museo durante las horas posteriores al asalto, antes de que la Conselleria hubiera establecido contacto con Villena y dispusiera de toda la documentación.

Chulvi pide al PP que abandone la “guerra política” y centra el objetivo de sus iniciativas en ofrecer explicaciones a la ciudadanía y revisar los protocolos existentes.

El Grupo Popular también ha anunciado la solicitud de comparecencia del alcalde de Villena, Fulgencio Cerdán, para que informe en Les Corts sobre las medidas de seguridad del MUVI. El PP pone el foco en la titularidad municipal del museo, la ausencia de vigilancia nocturna y la reducción de una partida presupuestaria entre 2025 y 2026.

Las iniciativas de ambos grupos trasladan así a Les Corts el debate abierto en Villena. Los socialistas pedirán explicaciones a la Generalitat sobre las autorizaciones y los protocolos, mientras que los populares quieren que el alcalde responda sobre las decisiones adoptadas por el Ayuntamiento.

Paralelamente, la comisión especial aprobada por unanimidad en el Pleno municipal deberá revisar los contratos, las auditorías, las certificaciones y la cadena de decisiones anterior al robo. La investigación policial continúa bajo la dirección de la Guardia Civil, sin detenciones ni piezas recuperadas oficialmente hasta el momento.