Según el informe del Comité Económico y Social de la Comunidad Valenciana, el número de mujeres citadas para realizarse una mamografía descendió de forma preocupante. De las 431.663 mujeres elegibles, solo fueron invitadas 341.446, lo que supone un 20,9% que ni siquiera recibió notificación. En total, se dejaron fuera 90.217 mujeres en toda la Comunitat, 10.000 menos que el año anterior.

En el Departamento de Salud de Elda, que presta servicio a las comarcas del Alto y Medio Vinalopó, la situación también es alarmante: 1.745 mujeres (10,5%) no fueron convocadas para hacerse la prueba preventiva, de un total de 16.620 mujeres elegibles. Además, más del 25% de las citadas (3.831 mujeres) no acudieron a la prueba, y un 33,5% (5.576 mujeres) permanece fuera del programa.

El secretario general del PSPV-PSOE del Alto y Medio Vinalopó, Fulgencio Cerdán, ha advertido que “no se puede poner en riesgo la salud de las mujeres por recortes en el programa de prevención del cáncer de mama”.

“Pese a las excusas de la Generalitat Valenciana, los datos son claros y manifiestan una tendencia creciente inaceptable. La improvisación, la privatización y el recorte presupuestario en la sanidad pública llevados a cabo por el Consell del Partido Popular ponen en riesgo el programa y, lo que es más grave, la salud de las mujeres”, subraya Cerdán.

Desde el PSPV también alertan del malestar entre los profesionales sanitarios y del aumento de casos de mujeres que deben esperar meses para recibir resultados o recurren a ecografías privadas ante la falta de recursos en la sanidad pública.

Ante esta situación, los grupos municipales socialistas de la comarca presentarán mociones en los ayuntamientos del Alto y Medio Vinalopó para exigir mayor transparencia y trazabilidad en los diagnósticos, así como información fiable sobre los indicadores del programa de cribado. También solicitarán más campañas de concienciación y la contratación de especialistas radiológicos para reforzar las unidades de diagnóstico de cáncer de mama.

El PSPV-PSOE defiende que “la colaboración público-privada no puede servir de excusa para debilitar la sanidad pública”, y reclama al Consell que garantice un sistema universal, de calidad, eficiente y seguro para todas las mujeres.