La decisión del alto tribunal supone un paso relevante, ya que el propio Supremo considera que el caso presenta “interés casacional objetivo” y que permitirá fijar jurisprudencia sobre cuál debe ser la actuación de las administraciones públicas ante el deterioro o riesgo de destrucción de bienes integrantes del Patrimonio Histórico Español, tanto de titularidad pública como privada.

La resolución que finalmente adopte el Tribunal Supremo podría aclarar hasta dónde llegan las obligaciones de las administraciones en la conservación del patrimonio y qué capacidad tienen los particulares para exigir actuaciones ante los tribunales y órganos administrativos cuando consideren insuficiente la protección de estos bienes.

El caso de la Colonia de Santa Eulalia adquiere además una dimensión estatal, ya que la futura sentencia podría servir de referencia para otros monumentos y bienes protegidos en situaciones similares. En España existen más de 17.000 inmuebles catalogados como patrimonio protegido.

La defensa jurídica del particular recurrente sostiene que tanto la Constitución Española como la Ley de Patrimonio Histórico Español y los acuerdos internacionales sobre protección del patrimonio establecen una obligación clara de garantizar la conservación de estos bienes utilizando todos los medios disponibles.

Además, se argumenta que los ciudadanos tienen derecho a reclamar actuaciones cuando las administraciones no actúan de forma suficiente para evitar el deterioro del patrimonio.

En el escrito también se cuestiona la actuación de las administraciones implicadas. Según se expone, el Ayuntamiento de Sax impuso únicamente tres multas coercitivas relacionadas con el vallado de inmuebles en estado de derrumbe, sin que conste el cobro de dichas sanciones ni nuevas actuaciones posteriores. También se señala que el Ayuntamiento de Villena no habría desarrollado medidas contundentes sobre los inmuebles situados en su término municipal.

Desde Acció Ecologista-Agró han valorado positivamente la admisión del recurso por parte del Supremo, recordando que solo un pequeño porcentaje de los recursos de casación son aceptados a trámite. La entidad considera que esta decisión abre una vía esperanzadora para reforzar la protección de la Colonia de Santa Eulalia y de otros conjuntos patrimoniales en riesgo de deterioro.