Hernández ha calificado las afirmaciones del gobierno local como “manipulación” motivada por “la urgencia de buscar titulares fáciles sin revisar el expediente ni hablar con los técnicos”. Una semana después de solicitar acceso a la documentación —“que tardaron en facilitarme”, matizó— la edil ha asegurado que “todo estaba documentado, nada se ocultó y todas las decisiones se adoptaron por seguridad y bajo criterios exclusivamente técnicos”.

“La urgencia no era electoral: era evitar un riesgo real para las personas”

La portavoz popular ha centrado su defensa en un informe de arqueología municipal fechado en mayo de 2015, en pleno gobierno posterior de Los Verdes, en el que —según ha explicado— se justifica la necesidad de finalizar las excavaciones debido al grave peligro de derrumbe de la fachada protegida del antiguo Hotel Alicante, que permanecía apuntalada durante los trabajos. “No había ninguna prisa electoral. Había un riesgo para la vida de los arqueólogos y del personal que estaba trabajando. Y eso está firmado por técnicos municipales, no por políticos.”

Según Hernández, la fachada quedó “prácticamente en el aire” tras el derribo del edificio interior y su estabilidad era tan precaria que Patrimonio obligó a mantenerla y apuntalarla, lo que generaba riesgos añadidos durante la excavación arqueológica. La edil ha recordado que este proyecto estaba financiado con fondos europeos, cuya tramitación —subraya— “fue rigurosamente vigilada”.

La cimentación del edificio, “decisión técnica inevitable”

Otro de los puntos rebatidos ha sido la construcción de un sótano, señalada por el concejal Martínez como elemento que habría eliminado por completo los restos arqueológicos. Hernández afirma que dicha decisión fue “obligatoria” tras conocerse el estudio geotécnico: “Un político no decide qué cimentación necesita un edificio. La losa maciza de hormigón y los muros de sótano los exige el informe técnico por la mala calidad del terreno y las humedades del edificio colindante.”

La edil ha insistido en que “ni Lledó ni yo ni nadie del PP decidió caprichosamente un tipo de cimentación” y que se actuó “bajo criterios profesionales para garantizar la estabilidad del edificio”.

“Todo se documentó y nada se escondió”

La portavoz popular ha explicado que, como ocurre en cualquier obra del casco histórico, los restos fueron documentados y comunicados a Patrimonio, subrayando que: “La obligación es documentar los hallazgos, y eso se hizo. No había ninguna opción distinta dada la peligrosidad de la fachada.”

Ha recordado además que otros descubrimientos arqueológicos en Villena —como el cementerio islámico en la zona de Santa María— han seguido el mismo procedimiento: documentación y continuidad de la obra cuando no es viable conservar los restos.

Ataque político y exigencia de disculpas públicas

Hernández ha acusado al gobierno local de lanzar estas afirmaciones “con intención de desprestigiarla” y ha exigido al alcalde, Fulgencio Cerdán, y al edil Javier Martínez una rectificación pública. “Si tanto les gusta hablar de mi etapa en el gobierno, que comparen cuántas subvenciones perdió su partido en 15 años y cuántas aprovechamos en cuatro.”

La edil también ha criticado la gestión del actual equipo, señalando la paralización de proyectos y los tiempos de tramitación urbanística: “El Ayuntamiento se ha convertido en el principal obstáculo para que Villena crezca: dos años para una licencia es inadmisible.”

Y ha respondido directamente al alcalde, que afirmó que, si formara parte de su equipo, le recomendaría apartarse: “Jamás trabajaría con una persona como usted.”

Contexto de la polémica

Las declaraciones de Hernández llegan tras la acusación pública del Ayuntamiento de que en 2010 el PP habría destruido un conjunto arqueológico de época ibérica y medieval para evitar retrasos electorales. El gobierno local exhibió fotografías e informes internos y anunció que estudia posibles responsabilidades políticas y técnicas.

La edil popular sostiene que el expediente ya fue revisado y fiscalizado en su momento, tanto por la Generalitat como por los fondos europeos, y que el informe técnico de 2015 desmonta por completo la acusación.