Martínez ha asegurado que esperaba una rectificación o una explicación por parte de Hernández, pero que, “lejos de asumir responsabilidades, optó por mentir, desviar la atención y culpar a terceros”. Para desmontar sus afirmaciones, el edil ha exhibido un amplio expediente con actas, informes y autorizaciones fechadas entre 2009 y 2015.

El origen del caso: autorizaciones, obras y dos fases arqueológicas

Durante octubre de 2009 se realizaron los requerimientos y el seguimiento arqueológico, dividido en dos fases:

Primera fase (20 de octubre – 2 de noviembre de 2009): con una duración de 12 días, debido al riesgo estructural del edificio. Se inventarió el interior del inmueble y se documentaron restos durante y después de la demolición.

Segunda fase (cinco meses): Se ejecutó tras asegurar el muro y la estructura con un andamio y fijaciones. Permitió continuar el trabajo arqueológico con normalidad.

Martínez ha subrayado que estas actuaciones contradicen la versión de Hernández, quien afirmó que “todo tuvo que hacerse deprisa por seguridad”.

El punto clave: el proyecto modificado con sótanos

Según ha explicado el edil, en enero de 2010 llegó al Ayuntamiento un proyecto modificado, redactado por José Miguel Esquembre y Julián Lagullón, que incluía una planta de sótano y aumentaba la superficie construida en un 22,35 %. Martínez ha recalcado que: Conselleria nunca recibió esta modificación, por lo que “difícilmente pudo autorizar o valorar su impacto sobre los restos arqueológicos”.

La autorización concedida en 2009 solo era válida para un proyecto sin sótanos, tal y como advirtió por escrito la administración autonómica. “El proyecto modificado —ha insistido Martínez— ponía en riesgo valores protegidos por la ley, y no fue comunicado a la administración competente”.

Actas de replanteo que desmontan la versión del PP

El edil ha mostrado dos actas clave:

– Acta de replanteo, 14 de abril de 2010: Firmada por un cargo de confianza del PP, en ella se afirma que: No existe ningún impedimento físico para iniciar las obras. No se menciona riesgo estructural ni la existencia de restos arqueológicos.

– Acta de replanteo, 5 de julio de 2010: Firmada por la propia María José Hernández. En ella se repite que: No hay impedimento alguno para el inicio de obra. Se referencia únicamente el proyecto básico de 2009, sin mencionar el proyecto modificado de 2010 ni la planta de sótanos.

“Se pretendía ocultar la modificación del proyecto”, ha afirmado Martínez.

Un informe de la propia Conselleria del PP confirma la irregularidad

El concejal ha aportado un documento “demoledor”: un informe de la Dirección General de Cultura, dirigido entonces por la popular Marta Alonso Rodríguez, fechado el 25 de abril de 2015. El informe señala que: Se realizaron intervenciones arqueológicas sin conocimiento ni autorización de la administración autonómica. Se pasó de los sondeos preliminares a una excavación en extensión sin notificarlo. Tras la excavación, se eliminaron restos arqueológicos de época ibérica, bajomedieval, moderna y contemporánea, también sin autorización.

El informe añade que estas actuaciones son constitutivas de infracción grave, castigada con penas de prisión e inhabilitación, y que el expediente sancionador comenzó a tramitarse, pero no avanzó porque la responsable autonómica fue cesada tras las elecciones de 2015.

Martínez acusa a Hernández de “cobardía política” y pide consecuencias

El edil ha reprochado a Hernández que se refugiara en “los técnicos”, señalando que: No se trata de funcionarios, sino de un asesor contratado por el PP y un director de obra externo. “Debería pedir disculpas y clemencia”, afirmó Martínez, quien considera que, aunque los delitos puedan estar prescritos, “las responsabilidades políticas siguen vigentes”.

El concejal ha añadido que, Miguel Ángel Salguero, no ha tenido ninguna responsabilidad en los hechos porque “estaba haciendo la selectividad en ese momento”, pero ha advertido: “Cada día que mantiene a Hernández en su puesto, se vuelve cómplice de lo sucedido”.

Acceso a los documentos y rastro arqueológico

Martínez ha detallado que los informes arqueológicos de ambas fases ya estaban redactados cuando se tramitó el proyecto modificado, lo que hacía incompatible: La construcción de un sótano con la preservación de los restos documentados. El concejal ha denunciado que: En el Ayuntamiento existen carpetas completas con documentación arqueológica, pero no figura ninguna autorización autonómica que avalara la modificación del proyecto con sótanos. También ha explicado que muchos documentos de la época quedaron “enterrados en papel”, lo que explica la dificultad de reconstruir el expediente en su conjunto.

Como conclusión, Martínez insiste en que toda la documentación aportada demuestra que: La Conselleria no fue informada de la modificación del proyecto. Los restos arqueológicos se eliminaron sin autorización. Los informes técnicos no avalan la versión de urgencia defendida por Hernández. El PP desatendió su obligación de proteger el patrimonio durante las obras. El edil ha reiterado su petición de responsabilidades y ha dejado a disposición de la prensa “todos los documentos que acreditan lo sucedido”.