Martínez ha realizado estas declaraciones en una rueda de prensa convocada para responder a la comparecencia pública de la edil del Partido Popular, Mª José Hernández, quien negó de forma rotunda haber ordenado la eliminación de restos arqueológicos y aseguró que todo el procedimiento se llevó a cabo conforme a la legalidad y con conocimiento de la oposición municipal.

Según ha explicado el concejal de Obras, la documentación exhibida por Hernández “no aclara la cuestión fundamental del caso”, que es la ausencia de una autorización expresa de la Conselleria para la modificación del proyecto que incorporó un sótano en un inmueble situado en un entorno protegido como Bien de Interés Cultural. Martínez ha recordado que la única autorización autonómica existente, fechada el 7 de abril de 2009, se refería a un proyecto que no contemplaba la construcción de sótanos, mientras que las actuaciones cuestionadas se produjeron en 2010.

En este sentido, ha señalado que los documentos firmados posteriormente por responsables municipales socialistas se limitaron a remitir información a la Conselleria, lo que derivó en un pronunciamiento oficial en 2015 por parte de la Dirección General de Cultura en el que se afirmaba que dichas actuaciones se habían llevado a cabo sin haber sido informadas ni autorizadas. “El único documento que podría haber despejado cualquier duda es la autorización expresa para hacer lo que se hizo, y ese documento no existe”, ha afirmado.

Martínez ha subrayado que cualquier intervención en un ámbito protegido requiere autorización previa y ha recordado que este tipo de hechos pueden tener relevancia penal, por lo que ha instado a conservar toda la documentación de cara a un posible procedimiento judicial. Ha avanzado que la denuncia se presentará tras el periodo navideño, bien a título del Ayuntamiento o del Partido Socialista, con el objetivo de que se depuren las responsabilidades que correspondan.

La rueda de prensa de Martínez responde a las declaraciones realizadas por Mª José Hernández, quien defendió que la excavación arqueológica iniciada en 2009 fue autorizada por Patrimonio, que su prolongación respondió a razones técnicas y de seguridad, y que la modificación del proyecto, incluida la construcción del sótano, fue aprobada en Junta de Gobierno en febrero de 2010 con informes favorables del arquitecto redactor y de la Secretaría municipal. Hernández también negó que se ocultaran los hallazgos arqueológicos y aseguró que la memoria fue remitida a la Conselleria en 2012 y 2013 sin que entonces se señalaran irregularidades.

Desde el actual equipo de gobierno se considera, no obstante, que las explicaciones ofrecidas no desvirtúan el hecho central: la ejecución de actuaciones no autorizadas en un entorno protegido. Por ello, Javier Martínez ha dado por agotada la vía administrativa y ha reiterado que será la Justicia la que determine si existió delito y quién debe asumir las responsabilidades derivadas de unos hechos ocurridos hace quince años.