Según el portavoz del PSOE, fue la propia dirección del MUVI la que solicitó el análisis policial para estudiar cómo seguir mejorando unas medidas de seguridad que ya habían sido auditadas y autorizadas. Martínez afirma que el documento califica el sistema instalado como “potente” y las medidas existentes como “excelentes”, aunque posteriormente plantea varias recomendaciones adicionales.

El PP había asegurado minutos antes que el alcalde, la concejala de Cultura y la dirección del museo conocían las recomendaciones y que algunas de las principales medidas, como la protección física de los ventanales y la vigilancia durante las 24 horas, no se ejecutaron.

El informe completo no llegó al alcalde, según Martínez

El portavoz municipal ha diferenciado entre el informe firmado el 3 de julio de 2024 y un documento anterior elaborado por la dirección del museo. Según su explicación, el 14 de junio la directora remitió al técnico de mantenimiento un archivo editable con un listado de actuaciones. En aquel correo figuraba en copia la concejala de Cultura, María Server.

Martínez reconoce que ese listado recogía cuestiones planteadas durante las conversaciones con la Policía, pero añade que también incorporaba recomendaciones de una auditoría privada anterior. El documento fue enviado varias semanas antes de que el informe policial definitivo estuviera redactado y firmado.

El portavoz asegura que el informe completo del 3 de julio no fue registrado ni remitido formalmente al Ayuntamiento. Aunque aparecía dirigido al alcalde y a la directora del museo, Martínez sostiene que el correo con el documento fue enviado únicamente a la dirección del MUVI y que Fulgencio Cerdán no lo recibió.

Esta versión contradice la interpretación del PP, que considera que los correos demuestran que el Gobierno local conocía el contenido esencial de las recomendaciones, independientemente de que el informe completo no se incorporase a un expediente oficial.

La comisión municipal deberá aclarar ahora quién recibió cada documento, qué información contenía el resumen del 14 de junio y qué recorrido administrativo y político tuvieron las recomendaciones.

El Ayuntamiento asegura que aplicó la mayoría de las medidas

Martínez ha defendido que el listado elaborado por el museo se utilizó como documento de trabajo y que permitió incorporar diferentes mejoras después de la apertura. El portavoz sostiene que se aplicaron ocho o nueve de las aproximadamente diez recomendaciones planteadas, además de otras medidas procedentes de la auditoría privada y de sucesivas revisiones de seguridad.

Entre las actuaciones que el Ayuntamiento asegura haber ejecutado figuran los sensores sísmicos, los pulsadores de alarma, los monitores de vigilancia, una segunda línea de comunicación y los protocolos para la custodia de las llaves y la apertura del centro.

Martínez ha subrayado que el MUVI cumplía los requisitos exigidos, que la auditoría previa fue favorable y que la Conselleria autorizó tanto el traslado del Tesoro como la apertura del museo. A su juicio, el problema es que los estándares establecidos se han demostrado insuficientes frente a la forma de actuar de los asaltantes.

La vigilancia permanente se descartó por su coste

El portavoz municipal ha confirmado que se valoró la contratación de vigilancia presencial durante las 24 horas, pero que la medida no se puso en marcha por motivos económicos. Según Martínez, el coste superaba los 200.000 euros anuales y excedía la capacidad del Ayuntamiento para asumirlo como gasto corriente. El informe, ha añadido, contemplaba protocolos alternativos para los casos en los que no se dispusiera de vigilancia permanente.

El Gobierno local sostiene que esos procedimientos alternativos de custodia, control de llaves y apertura del museo sí fueron implantados.

El PP considera, en cambio, que la comisión debe determinar si se realizaron todas las gestiones necesarias para buscar financiación y si se valoró la posibilidad de exponer una réplica hasta contar con una protección mayor.

Respuesta sobre las ayudas de la Generalitat

Martínez también ha contestado a las críticas del PP sobre las enmiendas socialistas a los presupuestos autonómicos. Los populares sostienen que aquellas solicitudes estaban destinadas a la dinamización, difusión y actividades del MUVI, pero no mencionaban expresamente la seguridad.

El portavoz municipal admite que las enmiendas no incluían una partida denominada específicamente para vigilancia, pero defiende que cualquier aportación de la Generalitat habría permitido liberar recursos municipales y destinarlos a otras necesidades del museo, incluida la seguridad.

Martínez afirma que el MUVI no ha recibido fondos de la Generalitat para su funcionamiento, inversiones o actividades y reprocha al Gobierno valenciano que sí conceda ayudas nominativas a otros museos de la Comunitat.

Acusaciones de utilización política

El portavoz municipal acusa al PP de retorcer el contenido de los documentos y utilizar el robo como argumento electoral. Frente a esta interpretación, los populares sostienen que la comisión debe servir para depurar posibles responsabilidades políticas y técnicas y responder a las preguntas de la ciudadanía.

El debate se centra ahora en tres cuestiones: qué responsables conocían las recomendaciones, qué medidas se aplicaron realmente y si la falta de vigilancia permanente o de protecciones físicas adicionales influyó en el resultado del asalto.

Estas cuestiones deberán contrastarse con los informes, correos, contratos y testimonios que se examinen en la comisión municipal de investigación.