El presidente de la asociación, José Antonio Marco, ha calificado el caso como un ejemplo de la «inacción prolongada» de la Administración sanitaria y recordó que la legislación reconoce el derecho a una atención sanitaria sin demoras injustificadas. En este sentido, ha señalado que los plazos máximos establecidos para pruebas diagnósticas y tratamientos distan mucho de la realidad que, asegura, está viviendo esta paciente.

Marco ha explicado que la afectada ha presentado dos reclamaciones ante el Departamento de Salud de Elda. La primera obtuvo como respuesta que existía una demora superior a la deseable y que se estaba trabajando para reducir las listas de espera, mientras que la segunda fue inadmitida por considerarse reiterativa. Una contestación que la asociación considera «inhumana» e «insensible» ante el sufrimiento de la paciente.

Durante su intervención, Cristina ha explicado que los primeros síntomas comenzaron tras el nacimiento de su primera hija en 2018. Desde entonces, ha pasado por consultas de atención primaria, ginecología, rehabilitación y urología, siendo finalmente diagnosticada de una incontinencia urinaria mixta. Sin embargo, ha denunciado que continúa sin recibir el tratamiento especializado que necesita.

La afectada ha asegurado que desde hace dos años necesita utilizar pañales de forma permanente y que la enfermedad le impide realizar actividades tan cotidianas como caminar largas distancias, cargar bolsas de la compra o jugar con sus dos hijas pequeñas. Además, ha explicado que su patología le obliga a llevar una vida sedentaria, agravando otros problemas de salud derivados de una trombofilia que padece y para la que los especialistas le habían recomendado mantener una vida físicamente activa.

Cristina ha manifestado sentirse «impotente» por una situación que asegura ha afectado también a su salud emocional. «Tengo 42 años y lo único que quiero es tener calidad de vida», ha afirmado, al tiempo que ha expresado su deseo de que su caso sirva para que otras personas que atraviesan circunstancias similares pierdan el miedo a denunciar públicamente su situación.

Según ha explicado, en la Unidad de Suelo Pélvico del Hospital de Elda le indicaron que debía iniciar un tratamiento de rehabilitación, aunque asegura que nunca ha sido llamada porque la profesional encargada del servicio permanece de baja y no ha sido sustituida.

Por su parte, José Antonio Marco ha anunciado que la asociación ha trasladado toda la documentación del caso al Síndic de Greuges, organismo que ya ha comunicado que estudiará la situación e intentará mediar con la Administración sanitaria para buscar una solución.

Desde la Asociación por la Defensa de la Sanidad Pública consideran que este caso pone de manifiesto las carencias existentes en la atención sanitaria y animan a cualquier persona que esté viviendo una situación similar a ponerse en contacto con la entidad para recibir asesoramiento y apoyo.