En concreto, el auto señala que “los hechos podrían ser constitutivos de un delito contra el patrimonio histórico”, tipificado en el Código Penal, con penas que podrían alcanzar los tres años de prisión. Sin embargo, el plazo de prescripción aplicable impide continuar el procedimiento judicial.

Sin consecuencias penales pese a la falta de autorización

El responsable municipal ha subrayado que esta resolución “constata lo que ya se venía señalando”, es decir, que no existía autorización para la demolición de los restos arqueológicos, aunque finalmente “los hechos se van a quedar sin consecuencias penales”.

En este sentido, ha lamentado que la actuación no pueda ser sancionada debido al momento en el que se tuvo conocimiento de los hechos, cuando el plazo legal para su persecución ya había expirado.

Críticas por la falta de información de la Conselleria

El edil también ha criticado la falta de respuesta por parte de la Conselleria competente, a la que el Ayuntamiento solicitó acceso al expediente para comprobar si existían autorizaciones. Según ha indicado, “ha llegado antes la resolución de la Fiscalía que el acceso a la documentación solicitada”.

Asimismo, ha apuntado que la persona responsable de no iniciar en su momento el procedimiento administrativo “continúa en la Conselleria”.

Denuncia sin coste para las arcas municipales

Por último, ha querido aclarar que la presentación de la denuncia no ha supuesto ningún coste económico para el Ayuntamiento, ya que se trata de un posible delito que debe ser perseguido de oficio por la Fiscalía.

“El Ayuntamiento tenía la obligación de denunciar unos hechos que podían ser constitutivos de delito”, ha señalado, insistiendo en que este tipo de actuaciones no requieren procesos judiciales privados ni gastos en abogados, sino que corresponden directamente al Ministerio Fiscal.

La resolución pone fin al proceso judicial, aunque deja constancia de la destrucción no autorizada de los restos arqueológicos, que ya han desaparecido.