La Dirección General de Patrimonio Cultural asegura que, hasta este momento, no ha recibido ninguna comunicación oficial del Ayuntamiento sobre lo sucedido ni sobre el destino y el estado de las piezas que permanecen en el Museo de Villena.

Entre la documentación solicitada se encuentran los informes técnicos y los atestados policiales disponibles, la relación detallada de las piezas sustraídas y la información sobre las que no fueron robadas.

La Generalitat también reclama conocer si estas últimas piezas han sido trasladadas, a qué lugar y bajo qué medidas de seguridad se habría efectuado ese movimiento.

Certificación de la cámara acorazada

El requerimiento incluye la acreditación técnica de la vitrina blindada y acorazada en la que se custodiaba el Tesoro, cuyas características aparecían recogidas en los informes de la dirección del museo.

La Conselleria solicita igualmente las auditorías de seguridad correspondientes a 2025 y 2026, además de los informes de seguridad que, según señala, debían remitirse semanalmente a la dirección del MUVI.

Esta documentación permitirá comprobar las características de las protecciones instaladas, su mantenimiento y las revisiones realizadas antes del asalto.

El Ayuntamiento y la dirección del museo han defendido hasta ahora que el MUVI disponía de seguridad de grado 3, cinco sistemas de alarma, sensores y cámaras interiores y exteriores. También aseguran que todos estos dispositivos funcionaron durante el robo, aunque las protecciones no consiguieron impedir que los autores accedieran a la cámara acorazada.

La comisión especial de investigación aprobada por unanimidad en el Pleno de Villena también revisará los contratos, las certificaciones, las auditorías y las decisiones políticas, técnicas y presupuestarias adoptadas antes del asalto.

Cultura reclama una actuación inmediata al Ministerio

La Generalitat también ha exigido al Ministerio de Cultura medidas inmediatas y un protocolo común de actuación frente a la oleada de robos que afecta al patrimonio histórico.

La Conselleria lamenta que la reunión presencial con las comunidades autónomas no se vaya a celebrar hasta el 10 de septiembre. El Gobierno valenciano considera que la sucesión de asaltos exigía una respuesta más rápida por parte del Estado.

La Generalitat recuerda que el 25 de abril fueron robadas 144 monedas de oro en el Museo Arqueológico Provincial de Badajoz; a finales de julio se produjo otro asalto en el Museo de Albacete; y el 27 de agosto fue sustraída la práctica totalidad de las piezas de oro del Tesoro de Villena.

Para la Conselleria, tres robos en museos españoles en cuatro meses justificaban la adopción de medidas preventivas con mayor celeridad.

Cultura también critica el tiempo transcurrido entre la publicación del informe de Europol sobre el aumento de los robos violentos en museos y la reunión presencial convocada por el Ministerio. La Conselleria cifra ese intervalo en catorce días.

Un protocolo con plazos y financiación

La Generalitat reclama que el encuentro del 10 de septiembre no se limite a compartir un nuevo diagnóstico sobre la situación.

Cultura quiere que la reunión concluya con un protocolo concreto para reforzar la seguridad de los museos de titularidad estatal y autonómica. También solicita financiación específica para las comunidades que necesiten aplicar nuevas medidas.

La propuesta incluye la creación de un plan permanente de coordinación entre el Ministerio, las autonomías y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. La Conselleria considera que estos mecanismos no pueden depender de que se produzca un nuevo robo para ponerse en marcha.

Mientras se define esa coordinación estatal, la Dirección General de Patrimonio Cultural mantiene el contacto con los responsables de los museos dependientes de la Generalitat. El Gobierno valenciano se compromete a aplicar de forma inmediata las medidas que se acuerden el 10 de septiembre, pero reclama que las decisiones estén acompañadas de plazos concretos y recursos económicos suficientes.

El nuevo requerimiento abre otro frente institucional sobre las competencias y las comunicaciones posteriores al robo. Mientras la Generalitat solicita al Ayuntamiento la documentación oficial del MUVI, el Gobierno municipal defiende que el museo cumplía la normativa y que el traslado del Tesoro había sido autorizado por la propia administración autonómica.