Las primeras pesquisas permitieron detectar indicios de una gestión irregular de los bienes de la víctima. Según la investigación, el detenido, sobrino de la persona afectada, habría vendido uno de sus inmuebles declarando una operación por valor de 30.000 euros, cuando el precio real de la compraventa rondaba los 67.000 euros. Los agentes consideran que el sospechoso se apropió de la diferencia mediante diversas transferencias realizadas a sus cuentas personales.

Además, la Guardia Civil descubrió que el investigado había asumido el control total de la cuenta bancaria de la víctima aprovechando que figuraba como cotitular junto a su padre, ya fallecido, una circunstancia que, según los investigadores, no fue comunicada a la entidad financiera. Desde esa cuenta habría realizado numerosas operaciones económicas en su propio beneficio, incluyendo la apropiación de la pensión de la persona mayor. Como consecuencia de estas actuaciones, el saldo bancario de la víctima quedó reducido a tan solo 1,15 euros.

Los agentes también constataron que el sospechoso dejó de atender los pagos correspondientes a la manutención de la víctima en el centro residencial donde permanece ingresada. Asimismo, durante una comparecencia notarial relacionada con la venta del inmueble, habría intentado formalizar un testamento a su favor.

Durante el desarrollo de la investigación se detectó igualmente la existencia de una segunda propiedad perteneciente a la víctima que se encontraba en proceso de venta siguiendo un procedimiento similar al ya investigado. Ante esta situación, la autoridad judicial ordenó el bloqueo de la cuenta bancaria para evitar nuevas operaciones y proteger el patrimonio de la persona afectada.

La operación culminó el pasado 29 de abril con la detención del presunto autor, que fue puesto a disposición de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Villena.

La Guardia Civil destaca la importancia de denunciar cualquier situación de posible abuso o aprovechamiento económico sobre personas mayores o especialmente vulnerables, recordando que estos colectivos requieren una especial protección frente a conductas que puedan comprometer su patrimonio o bienestar.