Durante su comparecencia, la concejala popular ha asegurado haber remitido a los medios de comunicación, al Grupo Verde y a VOX “toda la documentación existente” sobre el proceso arqueológico y constructivo, con el objetivo de demostrar que “no existe ningún informe técnico, administrativo ni arqueológico que avale las acusaciones del PSOE”. En este sentido, ha recalcado que “todo se hizo conforme a los criterios técnicos y con conocimiento de la oposición”.

Hernández ha explicado que la Dirección General de Patrimonio autorizó las excavaciones arqueológicas el 24 de abril de 2009 por un plazo inicial de 15 días, si bien los hallazgos obligaron a prolongar los trabajos en una segunda fase que se extendió durante cinco meses más. Según ha señalado, esta ampliación respondió a razones técnicas y de seguridad, especialmente por la presencia de una fachada histórica apuntalada que suponía un riesgo para el personal que trabajaba en la excavación.

En relación con la construcción del sótano del edificio, uno de los puntos centrales de la polémica, la edil popular ha recordado que el proyecto modificado fue aprobado en Junta de Gobierno el 2 de febrero de 2010, incluyendo el incremento de superficie construida y la creación de una planta de sótano como solución técnica derivada del estudio geotécnico. Hernández ha indicado que esta decisión contó con informes favorables del arquitecto redactor del proyecto y con el visto bueno de la Secretaría municipal, y que el PSOE tenía acceso semanal a las actas de la Junta de Gobierno, por lo que “estaba perfectamente informado”.

Asimismo, ha negado que los hallazgos arqueológicos se ocultaran a la ciudadanía, recordando varias ruedas de prensa celebradas en 2010 en las que se informó públicamente de los restos encontrados, entre ellos cerámicas íberas, piezas griegas del siglo IV a.C., monedas, vidrio y estructuras habitacionales de distintas épocas. En estas comparecencias participaron responsables municipales y técnicos del Museo Arqueológico José María Soler, quienes destacaron la relevancia histórica de los descubrimientos para el conocimiento del origen de Villena.

Respecto a la memoria arqueológica, Hernández ha señalado que fue elaborada por las arqueólogas municipales y remitida a Patrimonio en 2012 y nuevamente en 2013, tras requerimientos de la administración autonómica. Según ha afirmado, esta documentación pasó en ambas ocasiones por manos de responsables socialistas “sin que entonces se denunciara ninguna irregularidad ni se hiciera uso político del asunto”.

La edil popular también se ha referido al requerimiento emitido en 2015 por Patrimonio, en el que se cuestionaba la prolongación de la excavación sin una segunda autorización expresa. A este respecto, ha indicado que las arqueólogas municipales justificaron la continuidad de los trabajos como una misma intervención arqueológica, motivada por la entidad de los restos hallados y por razones de seguridad, argumentos que fueron trasladados al entonces alcalde, Francisco Javier Esquembre, sin que se adoptaran medidas sancionadoras.

Hernández ha acusado al PSOE de “rescatar ahora hechos de hace quince años para desviar la atención de la gestión actual del Ayuntamiento” y ha asegurado que “ni se destruyó patrimonio ni se ocultó información”. Ha añadido que seguirá ejerciendo una “oposición propositiva” y ha anunciado que no volverá a pronunciarse sobre este asunto. “Si creen que hay delito, que me denuncien con su dinero y no con el de los ciudadanos”, ha afirmado, señalando que, de demostrarse su inocencia, “quien debería dimitir sería Javier Martínez”.

Las declaraciones de Hernández responden a la rueda de prensa ofrecida previamente por el concejal de Obras, Javier Martínez, quien presentó documentación entre 2009 y 2015 para sostener que la modificación del proyecto del Centro de Mayores, que incorporó un sótano, no fue comunicada ni autorizada por la Conselleria de Cultura, y que los restos arqueológicos fueron eliminados sin el permiso preceptivo. Martínez ha acusado a la edil popular de “cobardía política” y ha reclamado responsabilidades por lo que considera una grave irregularidad en la protección del patrimonio arqueológico.