Martínez ha señalado que el auto “dice poco, pero lo que dice lo dice claro”, y ha subrayado que la Fiscalía reconoce que los restos arqueológicos fueron destruidos y que dicha actuación se realizó sin autorización de la Conselleria. Según ha explicado, el documento apunta que estos hechos podrían ser constitutivos de delito, aunque no se inicia procedimiento al haber transcurrido el plazo legal para su persecución.

En este sentido, el edil ha rechazado la interpretación realizada por Hernández, quien afirmaba que el archivo se debía también a la ausencia de indicios penales. “No es que se absuelva a nadie, es que no se entra a valorar por el tiempo que ha pasado”, ha afirmado, insistiendo en que la denuncia se presentó al considerar que los hechos podían ser especialmente graves y, por tanto, no estar prescritos.

Respecto a la petición de disculpas públicas formulada por la edil popular, Martínez ha invertido el planteamiento y ha considerado que “lo que falta es autocrítica”, señalando que, más allá de las posibles responsabilidades penales, existe una responsabilidad política por la desaparición de los restos. “Pasar, pasó, y esos restos ya no están”, ha manifestado.

El concejal ha defendido que la denuncia no señalaba a personas concretas, sino que buscaba esclarecer los hechos y determinar posibles responsabilidades entre los distintos intervinientes. Asimismo, ha indicado que no tendría inconveniente en que el auto se publique para que la ciudadanía pueda conocer su contenido.

Finalmente, Martínez ha insistido en la necesidad de una mayor sensibilidad hacia la protección del patrimonio histórico, recalcando que, independientemente del recorrido judicial del caso, “los restos no se trataron como se deberían haber tratado”.

El intercambio de declaraciones mantiene abierto el debate político en torno a este asunto, pese a que el proceso judicial ha quedado cerrado tras la decisión de la Fiscalía.