“Nos opusimos con firmeza porque ese convenio eliminaba la posibilidad de fiscalización local y podía suponer un paso atrás en la gestión de residuos”, ha señalado Cerdán, quien agradeció también el respaldo del grupo socialista en el consorcio. “Villena ha sido generosa al acoger durante años el vertedero de Vaersa, ya clausurado. Ahora le toca a otro municipio asumir ese rechazo”.

Tras el rechazo frontal del Ayuntamiento y un requerimiento formal, la pasada semana se aprobó una nueva propuesta de convenio, avalada por catedráticos en Derecho Administrativo, que limita la delegación de competencias exclusivamente a la primera fase de modernización de la planta. “Se trata de una inversión de casi 10 millones de euros financiada con fondos europeos que mejorará notablemente los índices de recuperación de residuos”, indicó el alcalde.

Según la licencia de obras tramitada, el presupuesto asciende a 9.888.145 euros y permitirá mejorar la eficiencia de una planta que, hasta ahora, presentaba niveles de recuperación muy bajos, en torno al 10%. Cerdán espera que, con esta modernización, se alcance un mínimo del 50% de recuperación, lo que además podría traducirse en un menor coste para los ayuntamientos en el tratamiento de residuos.

Durante los meses que duren las obras —unos seis o siete—, la planta de Villena funcionará como planta de transferencia. Parte de los residuos serán derivados a Campello o a Xixona, y otra parte podría ir a un municipio de Murcia. Actualmente, el rechazo se deposita en un vertedero situado en Novelda.

Cerdán ha sido tajante también sobre la posible privatización de la gestión de la planta: “Nos opondremos con rotundidad. La gestión pública garantiza mayor control, transparencia y fiabilidad en los datos”.

En la misma comparecencia, Cerdán respondió también a las declaraciones del edil popular Toni López, reafirmándose en que “la Conselleria está pagando tarde” y que la situación actual demuestra que “defiende más los intereses de Mazón que los de Villena”.

El alcalde recordó que la competencia en servicios sociales es de la Generalitat, aunque los ayuntamientos deben adelantar fondos y contratar al personal. “El Ayuntamiento de Villena ha apostado por estabilizar esa plantilla para garantizar la continuidad del servicio”, explicó, señalando que en 2024 se han invertido más de 1,5 millones de euros en este capítulo, mientras que la subvención autonómica apenas ha alcanzado 1,2 millones.

“El contrato programa debía estar firmado a finales de 2023. Sin embargo, la Generalitat no lo ha planteado hasta mayo de este año”, lamentó, advirtiendo de que otros municipios se han visto obligados a cerrar servicios ante la falta de garantías.

Para Cerdán, “la diferencia entre el anterior Consell y el actual es evidente: antes se pagaba en enero; ahora, ocho meses tarde, y aún no sabemos cuándo lo harán este año”.