El problema, sin embargo, no es nuevo. Desde hace más de siete años, este vecino ha protagonizado episodios de gran conflictividad: lanzamiento de objetos desde el edificio, destrozos en la puerta de viviendas con extintores, roturas reiteradas del ascensor, vaciado y lanzamiento de extintores, así como continuos altercados nocturnos. La Policía y la Guardia Civil han tenido que intervenir en varias ocasiones, llegando incluso a trasladarlo con camisa de fuerza.

El residente, diagnosticado en sede judicial como esquizofrénico y bipolar, ha reconocido no seguir tratamiento médico ni farmacológico, alegando que los golpes y los gritos son su forma de “liberación”. A esta situación se suma el consumo de sustancias como marihuana, que los propios vecinos aseguran percibir en la escalera.

Desde junio de 2024, la conflictividad se ha agravado. El hombre cumplió arresto domiciliario durante varias semanas, lo que convirtió la vida de la comunidad en “un auténtico calvario”. En un juicio posterior llegó incluso a reconocer que había amenazado con incendiar el edificio. Desde entonces, los vecinos han interpuesto al menos cinco denuncias por amenazas de muerte contra varios residentes y sus familias.

Los testimonios recogidos describen episodios de golpes, gritos, insultos y amenazas durante la madrugada, así como carteles intimidatorios colgados en la comunidad con acusaciones de envenenamiento y otros mensajes hostiles. También relatan escupitajos en las puertas, acusaciones infundadas contra los vecinos e incluso episodios de acoso que obligaron a una residente del noveno piso a abandonar su vivienda en agosto por miedo.

La situación ha provocado ansiedad, insomnio y problemas de salud entre algunos vecinos, que cuentan con partes médicos que acreditan el impacto de la convivencia. “Es como vivir en una película de miedo cada día. Tenemos miedo de que algún día cumpla sus amenazas; ya en otra vivienda atacó a una vecina con un hacha”, relata Toni Micó, uno de los denunciantes.

Los vecinos aseguran sentirse desamparados por las instituciones. Explican que acudieron a Servicios Sociales sin obtener respuesta y critican que la falta de plazas en centros especializados impida que el afectado reciba la atención psiquiátrica necesaria, pese a que su propia familia admite la gravedad de su comportamiento. “Trasladar el problema de un barrio a otro no es una solución. Estas personas necesitan un centro tutelado, un tratamiento y un control adecuado. No podemos seguir viviendo con miedo en nuestra propia casa”, denuncia el presidente de la comunidad, Emilio Picazo.

La situación ha alcanzado tal gravedad que ya ha tenido eco en medios nacionales, después de que los vecinos decidieran hacer pública su denuncia tras un nuevo episodio de amenazas de muerte este mismo fin de semana. “Llevamos demasiado tiempo denunciando y lo único que pedimos es que no esperen a que ocurra una desgracia para actuar”, concluyen.