El acto, conducido por Pascual y José Antonio, miembros de la ADSPV, fue más allá de una charla informativa para convertirse en una radiografía detallada del estado de la atención sanitaria en Villena. Durante la sesión se puso de manifiesto que los problemas actuales ya no responden únicamente a cuestiones administrativas, sino que configuran una auténtica crisis social que afecta directamente a la calidad de vida de la ciudadanía.

La fibromialgia como reflejo del sistema

La fibromialgia fue utilizada como ejemplo de las carencias del sistema sanitario. Según se expuso, se trata de una enfermedad compleja, real y invalidante, relacionada con alteraciones en el sistema nervioso, que requiere una atención especializada y continuada. Sin embargo, Villena ha carecido durante años de consulta de Reumatología —actualmente existe solo una consulta semanal— y acumula listas de espera superiores a los tres años en esta especialidad. Datos que evidencian el colapso asistencial

El informe presentado por la ADSPV reveló importantes déficits en la atención sanitaria local. Entre ellos, la ausencia de consultas de especialidades como Dermatología u Oncología, demoras de hasta 18 meses en rehabilitación preferente y de varios años en la ordinaria, o retrasos de hasta ocho meses en Alergología.

En Atención Primaria, los tiempos de espera para una cita con el médico de cabecera oscilan entre seis y quince días, mientras que una analítica básica puede demorarse hasta dos semanas. También se compararon costes de intervenciones como la cirugía de cataratas, cuyo precio estimado en la sanidad pública ronda los 818 euros frente a los más de 3.500 euros en la privada.

Asimismo, se denunció la falta de medios en el servicio de urgencias, señalando que el personal sanitario debe desplazarse por sus propios medios ante avisos del 112 debido a la ausencia de vehículos oficiales.

Denuncia del modelo sanitario

Durante el encuentro se contextualizó esta situación dentro de un proceso de privatización progresiva iniciado, según los ponentes, con la Ley 15/1997 y reforzado posteriormente con medidas como el llamado “medicamentazo” de 2012. En el caso de la Comunidad Valenciana, se cifró en unos 330 millones de euros anuales la derivación de fondos públicos hacia la sanidad privada.

Según la ADSPV, este modelo genera listas de espera en la sanidad pública directamente relacionadas con el incremento de beneficios del sector privado, al tiempo que provoca sobrecarga laboral y problemas de salud mental entre los profesionales sanitarios.

De la denuncia a la acción ciudadana

El acto concluyó con el anuncio de varias medidas orientadas a canalizar el malestar ciudadano. Entre ellas, la puesta en marcha de una Oficina de Ayuda a la Queja en el Espacio Joven de Villena, que funcionará los miércoles en horario de mañana y tarde, con el objetivo de ayudar a los vecinos a formalizar reclamaciones oficiales ante la administración sanitaria.

Además, la asociación anunció el inicio de una ronda de contactos con el tejido asociativo local para construir un frente común en defensa de la sanidad pública a lo largo de 2026.

La jornada finalizó con un mensaje compartido por los asistentes: la sanidad pública es un derecho fundamental y su defensa trasciende a cualquier color político. “Gobierne quien gobierne, la sanidad pública se defiende”, fue la consigna que cerró el encuentro.